El pasado 2 de marzo, Leonard Stark, juez del Distrito de Delaware, aprobó dar inicio al procedimiento de venta de acciones de la estatal venezolana Citgo Petroleum Corp., que incluyó «la selección de una oferta ganadora», según reseña The Wall Street Journal (WSJ).

Stark tomó esta decisión a pesar de que la compañía está amparada por una resolución de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que impide su liquidación sin autorización previa de esa instancia del gobierno estadounidense, en control de facto de la compañía desde 2019, cuando Washington desconoció a las autoridades designadas por Venezuela y delegó el manejo administrativo en agentes del reconocido como Presidente (E) Juan Guaidó.

De acuerdo con el medio estadounidense, el juez defendió su decisión bajo el alegato de que las restricciones impuestas por la OFAC no impiden tomar medidas «preliminares» para continuar con el proceso de venta de acciones de PDV Holding, conglomerado propiedad del Estado venezolano al que está adscrito Citgo e incluso fijó un plazo para presentar un informe conjunto de la situación.

«A través de la presente SE ORDENA que las objeciones de las partes del proceso de venta a la orden de procedimientos de venta propuestos por el perito judicial especial sean RECHAZADAS EN PARTE, en la medida explicada en el dictamen. SE ORDENA ADEMÁS que las partes del proceso de venta y el auxiliar judicial especial se reúnan y consulten y, a más tardar el 9 de marzo de 2022, presenten un informe conjunto de la situación», según se lee en el estatus del caso, citado por WSJ.

El trabajo periodístico precisa que esta venta «serviría para pagar la indemnización de 1.200 millones de dólares a la empresa canadiense Crystallex», en razón de la expropiación de la mina de oro «Las Cristinas» decretada por el entonces presidente, Hugo Chávez, debido al incumplimiento de la empresa de la normativa laboral y ambiental.

Como respuesta, la desaparecida minera –hoy sus intereses están representados por Tenor Capital Management, un fondo de cobertura de Nueva York– demandó a Venezuela en instancias internacionales hasta que en 2016 el Tribunal Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en favor de los demandantes y obligó al Estado venezolano a pagar una indemnización por 1.200 millones de dólares más intereses.

El venezolano José Ignacio Hernández, ex procurador de Guaidó, jugó un papel central en el devenir del caso en las cortes estadounidenses –a donde llegó en 2017–, pues en 2019 diseñó la estrategia que viabilizó las demandas de Crystallex y otros acreedores como ConocoPhillips, según alegaron desde Venezuela y luego corroboró de manera independiente la agencia Argus.

Como reacción a la decisión judicial, la Junta Administradora ad hoc de PDVSA designada por el llamado Gobierno Interino, lo consideró «positivo», específicamente a las «decisiones que corresponden a los casos de Huntington Ingalls, ACL, y Owens Illinois, en los que los acreedores han pretendido argumentar la figura del Alter Ego contra PDVSA para reclamar acciones de PDV Holding, Inc. sobre Citgo».

En un comunicado publicado a través de Twitter explican que «les dan más tiempo para continuar trabajando en una estrategia para el tratamiento de estas acreencias, y evita –por el momento– que existan nuevos procesos de ejecución contra activos de Venezuela».

Con respecto a la decisión del Juez Stark sobre los casos de ConocoPhillips y Crystallex (Fondo Tenor Capital), sin embargo, prometen un pronunciamiento aparte.

El 15 de enero de 2021, el juez Stark volvió a autorizar la venta de acciones de Citgo para «indemnizar» a Crystallex, pero la decisión quedó sujeta a la obtención de una autorización de la OFAC. Incluso, en septiembre de 2021, Reuters informó que el Tesoro estadounidense negó la solicitud que hiciera para cobrar una parte de la deuda con la petrolera venezolana.

Si bien la OFAC extendió la licencia de protección sobre la filial venezolana hasta el 20 de enero de 2023, no es posible saber si levantará la medida antes de esa fecha o esperará a su vencimiento para no renovarla nuevamente. En ambos casos se concretaría el remate del principal activo de Venezuela en el extranjero.

(Redacción Mega con información de Banca y Negocios)

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