En julio una niña peruana de 11 años se enteró de que llevaba trece semanas de gestación. Su padrastro, Lucas Pezo Amaringo, de 43 años, había abusado sexualmente de ella de forma sistemática desde poco antes de que empezara la primaria.
Mila —un nombre ficticio para proteger su identidad— ya le había contado de las agresiones sexuales a su madre, otra víctima de Pezo que nunca había denunciado las vejaciones por temor a las represalias. Pero esta vez, ante el horror de la violación, fue junto a Mila a una comisaría de Iquitos, la capital de la región selvática de Loreto donde viven, para presentar una denuncia.
La Policía detuvo al violador, pero el juez Bernuel Espíritu Portocarrero lo dejó en libertad, con obligación de comparecencia periódica en el juzgado, aduciendo que no había suficientes elementos de convicción para dictar prisión preventiva.
El calvario de Mila continuó cuando la Unidad de Protección Especial (UPE), un organismo público encargado de la protección de los menores, no activó el protocolo de aborto terapéutico y no brindó información alguna a su madre.
Es más, esta instancia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables decidió enviar a Mila y a sus tres hermanos, incluido un bebé de menos de seis meses, a diferentes albergues de acogida, alejándola de su familia en el momento más delicado.
El 3 de agosto, una junta de médicos del Hospital Regional de Loreto determinó que Mila debía seguir el embarazo, rechazando que ello suponía un atentado contra su salud. Eso, a pesar de que el riesgo de muerte de una niña menor de 15 años por causas relacionadas al embarazo se triplica en relación con mayores de veinte años, según establece el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
A partir de entonces diversos organismos nacionales e internacionales iniciaron una cruzada para revertir la decisión. Fue la presión mediática la que consiguió que el 12 de agosto, otra junta médica, esta vez desde Lima, la capital del Perú, determinara que Mila pudiese acceder a un aborto terapéutico con 18 semanas de gestación.
«Tras la rigurosa evaluación de este caso se llegó a la conclusión que, para evitar en su salud física y mental un mal grave o permanente, se aprobó la interrupción del embarazo», dice el comunicado del Instituto Nacional Materno Perinatal, ente que llevó a cabo el procedimiento y vigila la recuperación de la paciente.
Al cabo de unos días, la Conferencia Episcopal Peruana hizo público un oficio donde rechaza categóricamente que esta niña abusada por su padrastro haya renunciado a la condición de ser madre. «Frente a este acto de injusticia y de vulneración del derecho a la vida del nasciturus levantamos nuestra voz de rechazo ante este hecho injusto e indolente, puesto que la vida es sagrada. La vida es un don inalienable porque es un don divino, que Dios pide salvaguardarla», sostienen los obispos. Además señalan que en «todo embarazo por violación existen un violador, una víctima y un inocente» y, por tanto, «no se puede justificar un mal, en este caso, un aborto directo, para obtener supuestamente el bienestar de otra persona». Los religiosos dicen tener la enorme preocupación de que «Perú le abra las puertas a la cultura de la muerte».
No ha sido el único pronunciamiento en contra. Congresistas conservadores también han hecho público su disconformidad. «Lamentablemente el sacrificio del hijo de Mila vivirá con ella y con todos aquellos que tomaron la decisión de este procedimiento», dijo Milagros Jáuregui de Aguayo, del partido Renovación Popular.
Comentario similar al de su compañero de bancada, Jorge Montoya: «Las consecuencias de esta decisión alteran por completo el verdadero significado del derecho a la vida, ha cometido de manera perversa un homicidio por una presión absurda e ideológica contraria ampliamente a la vida y protección de los seres humanos».
Estas declaraciones y pronunciamientos han sido, en cualquier caso, ampliamente criticados al tratarse de una revictimización de la niña. La abogada Josefina Miró Quesada manifiesta al respecto: «Necesitamos hablar más del aborto y desestigmatizarlo desde nuestros espacios. Muchas veces, las mujeres y niñas que buscan abortar lo hacen en soledad. El miedo las paraliza y la falta de información, comprensión y empatía en sus entornos hacen más duro el proceso».
Según datos publicados por el diario El Comercio, cada año en Perú 1.100 niñas menores de 15 años se convierten en madres. El caso de Mila no ha sido una excepción, sino la confirmación de un drama. Hace dos meses, el Estado Peruano fue declarado culpable de haber violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena de 13 años -Camila, que padeció un tormento similar al ser víctima de violación e incesto- por no brindarle el acceso al aborto legal y seguro. La sentencia fue emitida por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
El miércoles, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra Lucas Pezo Amaringo, el violador. Un mes y medio después de ser puesto en libertad, el agresor está prófugo y se ha dispuesto su captura inmediata ahora que está huido.
MT | El País