Al menos 76 personas han fallecido en el contexto de las protestas en Colombia, entre el 28 de abril y el 2 de junio de este año. Esas cifras, que apenas cuentan la historia de las víctimas, se traducen en dos muertes diarias desde que se convocó al Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque.
De acuerdo a los más recientes datos de la ONG Defender la Libertad, el país suramericano acumula 76 homicidios, de los cuales 34 habrían sido perpetrados por agentes de la fuerza pública. El resto, según el reporte, obedecería a crímenes ejecutados por «civiles» sin identificar.
«Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Una (1) era defensora de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas», precisa la organización, que no solo ha dejado asentada su preocupación por los niveles de violencia homicida, sino que se ha puesto a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para «informar, visibilizar y analizar los patrones de agresiones» que se ha registrado.
Los datos recabados por las organizaciones sociales son divulgados días antes de que se concrete la visita a Colombia de la CIDH, que prevé enviar una comisión a partir del 8 de junio, para verificar las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra los manifestantes.
La Fiscalía, entretanto, contabiliza 48 muertes, de las cuales asegura que 20 «no están relacionadas directamente con las protestas».
Además de los muertos, las organizaciones sociales de Colombia denuncian otras violencias. Según Defender la Libertad, en las semanas de manifestaciones se han registrado 998 heridos por la presunta actuación desproporcionada de la fuerza pública, de los cuales 74 han resultado con lesiones oculares y 87 heridos con arma de fuego.
Entre los agredidos están 151 defensores de derechos humanos, a pesar de estar plenamente identificados y ejerciendo labores en comisiones de verificación e intervención; 491 mujeres víctimas de violencia policiales –dos de ellas asesinadas presuntamente por la fuerza pública–, y 87 que sufrieron abusos basados en género (acoso sexual, tocamientos indebidos, violaciones sexuales, amenazas y hostigamientos).
La ONG también da cuenta de la detención de 2.395 personas, presuntamente de manera arbitraria; 20 allanamientos; 1.273 denuncias por abusos de poder; y 346 reportes de desaparecidos, aunque la Fiscalía solo tiene un registro de 89 personas que están reportadas en esa condición.
Sobre ese último punto, la organización alega que la disparidad con la Fiscalía «demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada».
Fuente: RT