A partir del 1 de octubre en Florida entrará en vigor una reforma a la ley de pena de muerte que permitirá que la violación de niños menores de 12 años pueda ser condenada con este castigo, a pesar de la controversia que ha generado el debate sobre su aplicación.
La ley fue firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el 1 de mayo de este año y fue aprobada abrumadoramente por la legislatura de Florida en abril con el apoyo de los partidos Republicano y Demócrata.
La medida otorga a los fiscales estatales la opción de solicitar la pena de muerte si un adulto es declarado culpable de la agresión sexual de un niño.
No obstante, la ley es calificada de inconstitucional, pues contradice una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2008, al emitir una decisión de 5 a 4 que anuló una ley de Luisiana que permitía que un violador infantil pudiera ser condenado a muerte, prohibiendo a los estados ejecutar a los depredadores sexuales infantiles a menos que también asesinaran a sus víctimas.
“Creemos que esa decisión fue errónea. Este proyecto de ley establece un procedimiento para poder desafiar ese precedente y decir que en Florida, creemos que los peores crímenes merecen el peor de los peores castigos”, dijo DeSantis al respecto.
Según un reporte del Washington Post, una coalición de trabajadores sociales y abogados defensores apoyó la decisión del tribunal entonces, argumentando que las víctimas de abuso sexual infantil pueden estar menos dispuestas a hablar si su agresor era vulnerable a ser condenado a muerte.
También argumentaron que los violadores de niños estarían más inclinados a matar a sus víctimas si supieran que se enfrentan a la pena capital por sus crímenes, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Las condiciones
Los jueces tendrían la discreción de imponer la pena de muerte o sentenciar a los acusados a cadena perpetua. Si menos de ocho jurados recomiendan la muerte, los jueces tendrían que imponer cadenas perpetuas.
Por otro lado, el proyecto de ley afectaría a lo que se conoce como la fase de sentencia de los casos, donde los jurados todavía tendrían que encontrar por unanimidad a los acusados culpables de los crímenes antes de que comience la fase de sentencia.
Para el año 2021, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un total de 27 estados contemplaban este tipo de pena: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.
De estos 27, hay tres en los que los gobernadores han declarado una moratoria sobre las ejecuciones, por lo que no se están llevando adelante: California, Oregon y Pensilvania.
De estos 27, hay tres en los que los gobernadores han declarado una moratoria sobre las ejecuciones, por lo que no se están llevando adelante: California, Oregon y Pensilvania.
Fuente: Expansión