La violencia sexual deja consigo rastros invisibles que acompañan a los sobrevivientes a lo largo de toda su vida. En el caso de los niños, niñas y adolescentes (NNA), las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras tanto física, como psicológicamente; es por eso que la atención y detección temprana de cualquier situación de abuso es primordial.
El abuso sexual en NNA es un delito. Por esa razón, cualquier persona que esté en conocimiento de un caso tiene la obligación de denunciar a los entes correspondientes y ellos, por su parte, brindar atención inmediata. Pero, ¿a dónde acudir?
A diferencia de los adultos, en los que la denuncia va directamente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el caso de menores de edad se debe asistir al Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) que, como lo dice en su nombre, funciona en cada municipio del país.
No obstante, pese a que el Cpnna debe trabajar 24 horas del día durante los 365 días del año, solo atienden en horario de oficina.
Lyna Ruiz, psicóloga clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF), subraya que, si el caso es denunciado a otro órgano receptor, éste debe pedir la dirección de la víctima para referirse al Consejo de Protección más cercano.
Ruta de atención
Lelys Quintero, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, explica que si un NNA le confiesa a un familiar que fue víctima de abuso, este tiene el deber de acompañarlo a hacer la denuncia respectiva. «Debe ser una persona aislada del hogar en caso que el agresor conviva en la misma casa», indica.
Si la víctima es menor de 12 años, debe estar con una persona adulta al momento de relatar los hechos ante las autoridades.
Quintero agrega que el Cpnna es el organismo ideal para esos casos. Sin embargo, además del Consejo de Protección, existen otros órganos receptores de denuncia como el Ministerio Público, Consejos de Paz, Defensoría Nacional de la Mujer, y cuerpos policiales cercanos a la comunidad de residencia.
«Implica para nosotros un reto poder proporcionar estas capacitaciones al personal de salud para que puedan estar sensibilizados acerca de este trato cálido y digno que se le debe ofrecer al sobreviviente, con la finalidad de evitar la revictimización y garantizar la confidencialidad», explica Lyna Ruíz, psicóloga clínica de MSF.
Sostiene que es de suma importancia capacitar al personal no médico, «desde la higienista, hasta la persona que da los buenos días», para que no exista discriminación de ningún tipo.
Según el protocolo nacional del manejo clínico para violencia sexual en Venezuela, aprobado por el Ministerio de Salud, los entes que reciben la denuncia deben brindar atención inmediata y remitir los casos al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), que es la entidad autorizada para realizar la evaluación que determina si es o no un caso de violencia sexual.
Los resultados determinarán si se continúan las acciones legales. La especialista aclara que, si se acude directamente al Senamecf, el sobreviviente «no va a ser atendido, por eso el trabajador social debe apoyar y explicar la ruta correcta, tomando en cuenta que el tiempo es oro».
Andrea Maricuto, supervisora del equipo médico de MSF, explica que la atención médica de urgencia debe satisfacer las necesidades inmediatas del sobreviviente, evaluar sus heridas y manejar el dolor, solicitar un consentimiento informado (para poder abordar al paciente) y, «posteriormente ofrecer la Profilaxis post exposición (PEP) para evitar principalmente la infección de VIH-SIDA, embarazo no deseado con la contracepción de emergencia, infecciones de trasmisión sexual como gonorrea, sífilis, tricomonas, clamidia; así como la hepatitis B y tétano, la atención psicológica y seguimiento posterior».
Sostiene que cuando se está frente a un acto de violencia sexual «entendiéndose que es una emergencia médica que requiere atención inmediata debido a que esta Profilaxis post exposición, posee tiempo limitado para su administración, logrando así ser efectiva y preventiva».
Abordaje psicológico
«Mi papá abusó de mí a los 12 años. Aunque siempre fue violento, nunca lo creí capaz de hacer algo así. Cuando ocurrió no le conté a nadie, no enseguida. Él me había dicho que se sentía tan mal que quería acabar con su propia vida. Yo le pedí que no lo hiciera, que no contaría nada, y así lo cumplí por unos meses. Cuando no aguanté más le dije a una amiga del colegio. Por suerte ella hizo lo correcto y lo contó a la psicóloga del colegio quien a su vez le dijo a mi madre. Siempre le agradeceré por eso. Creo que contarlo me quitó el peso de llevar una culpa que no era mía», relata Patricia (identidad reservada).
Así como el agresor de Patricia, la mayoría de abusadores sexuales se valen de chantajes o amenazas cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes.
Por ello, la psicóloga Lyna Ruíz manifiesta que los pacientes necesitan soporte emocional, al igual que conectar al sobreviviente con sus propios recursos de afrontamiento. «Es fundamental estabilizar a la persona, desculpabilizar, porque suele ser muy común en estos casos y retomar la sensación de control sobre su vida», indica.
Asegura que la mayoría de NNA decide no develar lo ocurrido debido a que los agresores suelen ser personas cercanas o familiares. «Existe un miedo, no quieren que los metan presos, creen que los demás no les van a creer o no tienen a alguien de confianza que se pueda encargar de ellos mientras surge todo el proceso legal, al igual que temor por cómo va a reaccionar la familia o la comunidad», señala.
La especialista recalca que otra de las razones para no denunciar son las amenazas del agresor o agresora, «ya sea de atentar contra la vida del sobreviviente o personas cercanas». Es por ello que recuerda que, aunque la víctima no lo quiera, quienes estén en conocimiento de un caso de abuso deben denunciar.
Ruta escolar
Al ser el lugar donde los NNA pasan la mayor parte del día, las instituciones educativas juegan un rol fundamental para prevenir y detectar casos de abuso sexual a través de signos que pueden hacerse visibles por cambios físicos, emocionales o de comportamiento.
En muchas ocasiones, los docentes se vuelven personas cercanas que pueden ser el canal cuando un NNA no siente confianza de contar lo sucedido a una persona de la familia, así como servir de guía para saber los pasos a tomar.
La ruta escolar de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) refiere que los trabajadores de los servicios y centros de salud, de las escuelas, planteles e institutos de educación, de las entidades de atención y de las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, tienen el deber de denunciar los casos de amenazas o violaciones de derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes de los que tengan conocimiento, mientras prestan tales servicios.
«Antes de proceder a la denuncia, estas personas deben comunicar toda la información que tengan a su disposición sobre el caso a los padres, representantes o responsables, salvo cuando sean éstos los que amenacen o violen los derechos a la vida, integridad y salud del niño o adolescente. En estos casos, los padres deben ser informados en las cuarenta y ocho horas siguientes», indica.
Al ser notificada, la dirección del colegio tiene el deber de nombrar a un equipo profesional que brinde confianza a la víctima de abuso para el abordaje de la situación, atención psicológica, así como notificar a los representantes.
El artículo 91 de la Lopnna establece que se debe informar a padre, madre, representante o responsable sobre el presunto abuso sexual. Pero, si éstos amenazan o violan los derechos a la vida, integridad y salud del NNA el procedimiento es poner primero la denuncia y luego informarles dentro de las 48 horas siguientes.
El centro educativo debe garantizar la privacidad y confidencialidad de todo el proceso y hacérselo saber a la persona afectada. Si hay negativas de algún tipo o retrasos en el proceso, la persona que detectó el caso está en la obligación y deber de denunciar a algún Consejo de Protección o Defensoría Escolar.
«A nosotras nos tocó aprender a las malas. Se nos presentó un caso de violencia sexual en donde uno de los padres estaba involucrado y no sabíamos qué hacer. Sabíamos que debía hacerse una denuncia, por eso cuando la niña nos contó, la llevamos a la policía inmediatamente. Al llegar, el funcionario nos dijo que nosotros como institución no podíamos trasladar a la estudiante, que ese no era el protocolo», cuenta la directora de una escuela básica de Petare.
Señala que posterior al hecho, «por cuenta propia», decidió buscar ayuda de una institución que capacitó al personal docente e indicó el papel y deber de los centros educativos.
Mercedes Muñoz, directora de Avesa, señala que el deber de capacitar a los trabajadores de las instituciones educativas es del Consejo Nacional de Derechos; sin embargo no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo. «Está colapsado. Si vas, encontrarás que no hay papel, impresoras. Es una calamidad», dice.
Agrega que, así como Avesa, otras Organizaciones No Gubernamentales se dan la tarea de ayudar a los educadores y personas en general a saber qué hacer cuando se presentan casos de violencia.
La experta insiste en que es de suma importancia incluir programas de formación en las carreras universitarias enfocados en el abordaje de violencia sexual para que profesionales de distintas áreas sepan qué hacer ante la presencia de estos casos.
Cifras oficiales
El fiscal general, Tarek William Saab, informó este martes que, durante el primer semestre de 2023, el Ministerio Público (MP) contabilizó cerca de 2.000 niños y adolescentes víctimas de abuso sexual.
El funcionario detalló que esto representa una media de 11,4 registros cada día; lo que ha generado una gran preocupación en la sociedad.
Así mismo, destacó durante su participación en el seminario Conmemoración del Aniversario de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y del mes Aniversario de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual se efectuó en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, que la mayoría de estos atroces hechos ocurrieron en la capital, Caracas; así como en los estados de Carabobo, Miranda y Zulia, que son los territorios más poblados del país.
Aunque el fiscal Saab no proporcionó detalles sobre las edades de las víctimas o la relación de los agresores con los menores; indicó que el año pasado la Fiscalía acusó a 2 mil 164 personas por delitos similares.
Sin embargo, durante la primera mitad de 2023, la cifra ya alcanzó los 931 acusados, lo que indica un incremento preocupante en estos crímenes.
El titular de la acción penal en Venezuela destacó la creación de la Fiscalía 71° nacional especializada en delitos que atenten contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, “creada con el objetivo de aumentar la capacidad de reacción y respuesta frente a estas denuncias”.
Fuente: Tal Cual