Este martes #21Dic el Senado de Colombia aprobó un polémico proyecto de ley sobre seguridad ciudadana que aumenta las penas para muchos delitos y brinda mayores contemplaciones para aquellas personas que agredan a un tercero en acciones de legítima defensa, aunque desde la oposición se critica que la normativa podría usarse para criminalizar la protesta social.
El texto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes el lunes, ahora debe ser analizado por la comisión de conciliación, a cargo de superar las discrepancias entre ambos recintos. Después, con las adaptaciones finales, iría directo a Presidencia para su promulgación final.
La iniciativa, impulsada desde los ministerios de Justicia, Defensa y del Interior, propone cambios en el Código Penal y sus procedimientos judiciales, junto a renovadas normativas de seguridad y convivencia ciudadana.
El Gobierno de Iván Duque y sus aliados en el Congreso proponen como posible solución al problema de la inseguridad un aumento en los castigos. Así, el homicidio agravado –cometido contra un servidor o exservidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos o miembro de una organización política o religiosa–, que hoy tiene penas de hasta 50 años de cárcel, subiría a los 58 años y tres meses de reclusión máxima, según informa El Tiempo.
Además, quienes dañen infraestructura destinada a la seguridad pública o el transporte, recibirían penas que oscilan entre los cuatro y 12 años. Si los responsables portan máscaras o elementos para ocultar su rostro, se podría aumentar la cárcel con la mitad o dos terceras partes del castigo original.
La reforma también prevé cambios en cuanto a la legítima defensa, que es cuando un ciudadano agrede a otro para resguardar su propia integridad física, ante un peligro inminente. Con los cambios, se quitaría la responsabilidad penal incluso para proteger la propiedad privada, cuando se produzca un ingreso violento a la misma, incluyendo a vehículos particulares.
Paloma Valencia, del oficialista Centro Democrático (CD), dijo que el proyecto «no criminaliza la protesta». Y añadió: «La separa de la infiltración del vandalismo, de los bloqueos, de la destrucción del sistema de transporte, de los bienes públicos y privados. La protesta no es ni puede ser violenta».
Por su parte el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático (PD), expresó que la ley «que aprueba el uribismo» es «un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares». También la tildó como «una licencia para matar» y «una nueva aberración de corte fascista de este Gobierno».
MT/RT