La Audiencia Nacional de España aprobó este viernes 15 de octubre la extradición a EEUU de la venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, ex Tesorera de la Nación y quien fuera enfermera del fallecido Hugo Chávez, luego de que la justicia del país ibérico considerara que se dan los requisitos para dar luz verde al proceso.
EEUU solicita a Claudia Díaz por el supuesto delito de blanqueo de capitales y organización criminal por presuntamente haber favorecido al presidente de Globovisión, Raúl Gorrín -actualmente buscado por Estados Unidos-, que le habría reportado millones de dólares a través de esquemas cambiarios que favorecieron al empresario, refirió EFE.
En abril de 2018, el fiscal designado por la ya extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó que Claudia Díaz, extesorera de la Nación y exsecretaria del Fonden, al igual que su esposo Adrián Velásquez Figueroa, quien fuera edecán de Chávez, fueron detenidos en España por estar involucrados en el caso de los «Panamá Papers».
Saab pidió en ese entonces su extradición a nuestro país para que se hiciera «justicia» por lo ocurrido, luego que se detectaran presuntas técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito durante allanamientos practicados a sus residencias.
En septiembre de ese año, Díaz Guillén se opuso a su extradición a nuestro país al decir que estaba siendo perseguida políticamente. Su defensa esgrimió el argumento de que existían «serias dudas» sobre la reclamación de la mujer por parte de las autoridades venezolanas porque la orden de detención que pesaba sobre la enfermera de Chávez había sido anulada por una instancia judicial superior «sin que Venezuela lo comunicara».
Díaz Guillén y su esposo están señalados en la investigación de los papeles de Panamá por supuestamente haber recibido ayuda del bufete Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada.
Concedió una entrevista en noviembre en la que afirmó que durante su gestión y la del ministro de Planificación, Jorge Giordani -con quien trabajó en estrecha colaboración- fue «transparente» pero dijo que cuando Chávez estaba agonizando, comenzaron a llegarle propuestas para cometer actos de corrupción y al parecer, empresas solicitaban que se le devolvieran íntegramente los impuestos que habían abonado. Al negarse a hacer eso, fueron cesados en los días subsiguientes.
Explicó que nunca ha tenido sociedades en ninguna jurisdicción ni en Panamá, al tiempo que señaló que sus bienes y recursos económicos los obtuvo gracias a «buenos contratos e ingresos con la empresa MJ Tool Box, una compañía de la familia de mi esposo que se dedica a la construcción y a la ingeniería. Eso nos permite llevar una vida cómoda, pero no somos ricos como se dice», así como Velásquez heredó bienes de su padre adoptivo, un empresario judío.
Un día después de esa entrevista, Claudia Díaz manifestaba que luego de que se resolviera el trámite de la extradición, solicitarán asilo «porque este caso tiene un contexto político, es una persecución política».
Para agosto de 2020, la agencia AP reveló que la extesorera de la Nación habría comprado unos 250 lingotes de oro -valorados en más de $9,5 millones- a través de una compañía fantasma establecida en San Vicente y las Granadinas, según unos documentos judiciales en Liechtenstein los que tuvo acceso el citado medio de comunicación.
Al parecer, las barras de oro -con un peso aproximado de 2,2 libras- se almacenaron en una bóveda privada dentro de Liechtenstein que estarían disponibles para ella y su hijo después de que este cumpliera 18 años. La investigación arrojó que años más tarde, una parte de esos lingotes habría sido vendida por un representante de Díaz y los ingresos depositados en un banco suizo.
Luego de esta información, Claudia Díaz fue acusada a finales de octubre de 2020 por lavado de dinero ante una corte federal en Miami. Además, fue señalada de haber recibido sobornos de Gorrín para dar luz verde a lucrativas transacciones monetarias cuando se desempeñaba como tesorera nacional de Venezuela; que posteriormente fue refrendada por el Departamento de Estado de EEUU a mediados de diciembre de 2020 en la que apuntan también a su esposo, Adrián Velásquez.
El 23 de diciembre de 2020, la Justicia de España la detuvo a ella y a su esposo por varias horas y luego la dejaron en libertad con medidas cautelares, en las que el el juez le impuso al matrimonio comparecencias quinquenales, les retiró el pasaporte y dictó prohibición de salida del país.
Díaz sucedió a Alejandro Andrade como tesorero de Venezuela en 2011. En lo que es el juicio más grande contra un exfuncionario venezolano hasta la fecha. Andrade acordó en 2018 perder más de mil millones de dólares en ganancias que reconoció haber recibido a cambio de aprobar lucrativas transacciones de divisas. El arreglo, supuestamente promovido por Gorrín y otros, continuó cuando Díaz ocupó su lugar.
Adrián Velásquez, quien fuera guardaespaldas del presidente Hugo Chávez, solicitó el martes 5 de octubre a la Audiencia Nacional de España que no lo extraditara a EEUU y nuevamente negó que haya cometido el delito de lavado de dinero, destacando que sus ingresos vienen de sus actividades empresariales que realiza con su hermano y que su pareja, Claudia Díaz, no pudo cometer dicho delito ya que el cambio de divisas es competencia del Banco Central de Venezuela y no de la Tesorería.
Fuente: Tal Cual