El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros eliminó de su lista de sancionados a Carlos Rotondaro Cova, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Mediante una actualización que hicieron de la designación global de Magnitsky, fue hace unos días cuando se eliminó la sanción que pesaba sobre el exfuncionario chavista desde hace cinco años.
Rotondaro, junto a otros tres militares, fue sancionado por el Gobierno del expresidente Donald Trump en marzo del 2018, por presuntos «malos manejos económicos y actos de corrupción» durante su gestión.
La insuficiencia de vacunas y antibióticos, enfermedades que antes estaban controladas como la difteria y el sarampión han regresado, como parte del resultado del colapso económico de Venezuela bajo la administración de Maduro y la falta de capacidad para comprar medicamentos extranjeros y producir los propios.
La OFAC ha alegado que, como consecuencia de la crisis médica, los venezolanos que padecen enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes a menudo tienen que renunciar al tratamiento y en medio de esa circunstancia Rotondaro fue destituido luego de permanecer una década en el cargo.
Durante su gestión, Rotondaro enfrentó denuncias por falta de distribución de tratamientos y medicamentos de alto costo contra enfermedades graves, corrupción, desfalco y ortos. Winston Flores, diputado a la Asamblea Nacional, denunció en julio de 2018 al general y a sus presuntos testaferros William Hernández, Daniel Esgardo e Isabel Rangel Barón por el desfalco de 100 millones de dólares.
Unas 10 empresas panameñas pertenecientes a Hernández estarían involucradas y a través de ellas se habrían realizado compras irregulares de materiales para tratar la diálisis, medicinas de alto costo para combatir el cáncer, inmunosupresores y el VIH.
Por su parte, Isabel Rangel Barón, es una empresaria venezolana, hermana de Daniel Esgardo Rangel Barón y dueña del 50% de las acciones de la empresa Inversiones Rangel Barón (IRB) y propietaria de Continental Medica, C.A que recibió de Cadivi hasta 331 millones 803 mil 298 dólares de Cadivi entre 2010 y 2014 por importación de insumos médicos.
A su vez, Continental es la matriz de una red de 19 compañías que entre el mismo período de tiempo recibió hasta 455.631.647 dólares preferenciales y cuyo principal cliente era el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss)
Ambas empresas fueron beneficiadas con contratos de compras irregulares de medicinas e insumos para la red hospitalaria gracias a Rotondaro.
Isabel Rangel Barón fue demandada en febrero de 2014 junto con su hermano por el empresario José Alfredo Rodríguez, quien los acusaba de haber suplantado el contrato de su empresa Rismed Oncology Systems con el Ivss y desviar los pagos hacia su propia compañía: Rismed Dyalisis Systems. El fraude, según Rodríguez, ascendía a 1.200 millones de dólares.
Se argumenta que el robo de ese dinero ocasionó que en 2014 y 2015 cientos de pacientes oncológicos, renales, diabéticos y hemofílicos murieran en el país por falta de medicamentos de alto costo que las empresas de los hermanos Rangel Barón no suministraron al IVSS.
Tras todos esos actos de corrupción, Rotondaro huyó del país a Colombia en 2017 y solicitó asilo político, en donde manifestó su disposición a denunciar al dictador Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
Rotondaro aseveró que el gobierno chavista le solicitó esconder medicamentos para que fueran usados en épocas electorales.
Otro hecho vinculado al entramado de corrupción, donde aparecen los hermanos Rangel Barón, es el presunto abuso de poder en la Cruz Roja por parte de su presidente, Mario Villarroel, con más de 40 años en el cargo sin que se realicen elecciones y su hijo Miguel Ángel Villarroel Sierralta, a quien acusan de violencia familiar.
Los hermanos Rangel Barón mantendrían una amistad con Mario Villarroel, quien a su vez es compadre del magistrado Calixto Ortega, representante de Venezuela en La Haya.
Ortega, quien vive actualmente en un lujoso apartamento en el este de Caracas propiedad de Isabel Rangel Barón, en marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales y otros delitos.
Fuente: El Universal