Los expresidentes de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), además de exministros y otros políticos, integran la lista de medio centenar de imputados que la Fiscalía panameña ha pedido llamar a juicio por el caso de los sobornos de Odebrecht.
La Estrella de Panamá publicó este miércoles un extracto de la vista fiscal entregada en abril pasado por el Ministerio Público al Órgano Judicial, en la que aparecen los nombres de a quienes se pide llamar a juicio.
Está en esa lista el expresidente Varela, imputado y con prohibición de salida del país desde julio de 2020 por presunto lavado de dinero vinculado a Odebrecht recibido durante las campañas políticas de 2009 y 2014.
Por los sobornos de la constructora brasileña también están llamados a juicio Ricardo Martinelli, imputado y con prohibición de salida desde agosto pasado; sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, y la Importadora Ricarmar S.A., una empresa relacionada con el expresidente, la única persona jurídica imputada por este caso.
Los dos hijos de Martinelli están detenidos en Guatemala desde hace casi 11 meses por pedido de EEUU, que los acusa de delitos de presunto blanqueo por su rol en la trama corrupta de Odebrecht, y el martes la Justicia guatemalteca autorizó la extradición de Luis Enrique, de 38 años.
El caso contra los hermanos Martinelli fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, el mismo en el que Odebrecht fue condenada en 2017 a pagar una multa de 2.600 millones de dólares tras declararse culpable de haber pagado $ 788 millones en coimas en una docena de países de Latinoamérica y África con el objetivo de adjudicarse contratos en esas naciones.
Según las confesiones del exdirectivo de Odebrecht Andre Rabello a la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, los dos hijos de Martinelli recibieron al menos $ 55,8 millones entre 2009 y 2014, que fueron depositados en cuentas en distintas jurisdicciones.
La investigación concluyó en octubre de 2020 con dudas sobre si este juicio podrá llegar a materializarse, dado el gran número de imputados y las normas que establecen las leyes para su desarrollo.
(MT/EFE)