Los manifestantes desafiaron el peor momento de la pandemia en Colombia para volcarse a las calles de las principales ciudades. Sus arengas están de regreso para rechazar la reforma tributaria que ha propuesto el Gobierno de Iván Duque con el propósito de cubrir el hueco fiscal que ha dejado la crisis sanitaria.
El llamado paro nacional que a finales de 2019, antes de la irrupción del coronavirus, ya había sometido a una considerable presión al mandatario, se reactivó este miércoles con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos disturbios a lo largo de la jornada, a pesar de los múltiples llamados a aplazarlas o privilegiar otros métodos de protesta.
Las movilizaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aunque en la ciudad de Cali las protestas derivaron en vandalismo. A primera hora de la mañana un grupo de indígenas derribó la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar, y los manifestantes quemaron tres buses del sistema de transporte masivo y saquearon almacenes de cadena.
Una persona perdió la vida, según información entregada por las autoridades de Cali.
En la capital hubo desde las primeras horas bloqueos del tráfico y de las estaciones de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de buses articulados.
Las principales ciudades han recurrido a renovadas medidas confinamiento y toques de queda nocturnos para superar este momento crítico, con los hospitales al borde del colapso. En Bogotá, Medellín o Cali, la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos supera el 90%.
La jornada fue convocada desde el pasado 6 de marzo, antes de que se conocieran los detalles de la resistida propuesta de reforma tributaria del Gobierno.
“Hay gente muriendo de hambre, no es solamente por covid. Creo que la peor pandemia es el racismo”, señaló una estudiante de derecho de 20 años, en el Monumento a los Héroes, uno de los puntos de concentraciones en Bogotá.
En los casi tres años de Gobierno de Duque el malestar se ha traducido en una amplia amalgama de reclamos que incluyen el incesante asesinato de líderes sociales, la implementación de los acuerdos de paz, los abusos policiales, mayores fondos para la educación pública, la desigualdad o los asuntos ambientales.
Con información de El Pais y DW