El presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu), Jorge Villalobos, estima que, en el país, están funcionando entre 750 y 800 funerarias.
Villalobos, explicó que, de esa cantidad, 300 son formales; es decir, cumplen con todas los requisitos y obligaciones establecidos en las leyes y normas del país, incluyendo las ordenanzas municipales.
A propósito de la revisión que ha ordenado la alcaldesa Carmen Meléndez, en Caracas, indicó que hasta el momento no se sabe si esa decisión corresponde a una política municipal o forma parte de una política nacional que estaría considerando Nicolás Maduro.
Fue entonces cuando mencionó la alta cifra de empresas dedicadas al servicio funerario en todo el país, revelando que el mayor auge de esta industria ocurrió con la aparición de la pandemia de COVID-19, que como se sabe ocasionó un gran número de muertes inesperadas.
Nunca se ha dejado de cumplir las normas sanitarias establecidas legalmente, ni se han dejado de hacer las contribuciones tributarias, ni ninguna de las disposiciones que han tomado las alcaldías.
Las funerarias formales mantienen su estructura de costo y, por tanto, no se ha registrado aumento de precios en los servicios que proporciona, desde la preparación del cuerpo, el cofre, velatorio, ceremonias religiosas, traslado, hasta la inhumación o cremación de los difuntos.
No existen problemas para garantizar los servicios, ya que se ha logrado que en el país se fabriquen las urnas y la producción es suficiente para atender las necesidades.
Ahora, si la revisión incluye nuevos impuestos, naturalmente, las empresas tendrán que revisar la estructura de costos, que, como ya se señaló anteriormente, se ha mantenido con toda normalidad en los últimos años.
Fuente: EI