Los candidatos ajenos a los partidos políticos son los grandes ganadores en los históricos comicios de este fin de semana en Chile para elegir a la Convención encargada de redactar una nueva Constitución para el país.

Con el 81,6% de los votos escrutados, la suma de las dos grandes listas de la oposición («Apruebo Dignidad» y «Lista del Apruebo») y los candidatos independientes superan los dos tercios de los 155 escaños de la Convención.

Por su parte, los candidatos respaldados por el gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera -que se presentaron en una única lista llamada «Vamos por Chile»- obtuvo el 20,88% de los votos, lo que le daría menos de 40 escaños, lejos de los 52 -un tercio- necesarios para influir en el contenido de la nueva Carta Magna y vetar artículos.

Durante todo el fin de semana, los chilenos acudieron a las urnas para elegir a los integrantes de la Convención Constituyente que escribirá la nueva Carta Magna.

Se desconoce de momento el porcentaje de participación, en unas elecciones marcadas por la pandemia de coronavirus.

El resultado de la votación se interpreta como un castigo a la derecha gobernante y a los partidos políticos tradicionales.

El propio presidente Piñera afirmó que ni el Gobierno ni los partidos tradicionales están «sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía».

«Estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y liderazgos. Es nuestro deber escuchar con humildad y atención el mensaje de la gente».

«La fuerza electoral de los independientes es mucho mayor de lo que se pensaba y esto confirma que la ciudadanía está harta de los partidos tradicionales».

La actual Carta Magna chilena data de 1980 y es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.

Esta desigualdad fue uno de los principales impulsores de las protestas de octubre 2019, en las que el cambio a la Constitución emergió como la única salida para reformar este sistema que, para muchos, había terminado por convertir a Chile en una «empresa privada».

(MT/NV)

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