Uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa era un soldado infiltrado por el Ejército. Algunos estudiantes podrían haber estado con vida cuatro días después del secuestro.
Funcionarios de todos los niveles y miembros de organizaciones de narcotráfico participaron en la desaparición. Las víctimas fueron divididas en varios grupos y a las autoridades solo les interesó cerrar la investigación con una falsa narrativa.
Estas son algunas de las principales conclusiones del informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que presentó el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas.
Después de tres años de trabajo, cientos de órdenes de peritajes, detenciones y entrevistas, confirmó que fue un crimen de Estado y que las víctimas ya no son buscadas con vida. El documento principal tiene 96 páginas, pero hay decenas que están subrayadas en negro porque contienen información clasificada.
Aparte, hay ocho anexos que, en miles de cuartillas, detallan las fichas de búsqueda, las bitácoras de campo, los reportes de cada operativo, las reuniones de trabajo de la Comisión, los informes de los encuentros con los familiares y con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la asistencia técnica internacional y la atención que se ha dado a las víctimas.
La información se dio a conocer en medio de una fuerte expectativa, ya que aborda uno de los casos de desaparición forzada que más ha conmocionado a México y el de mayor repercusión internacional.
Además, permite entender el grado de complicidad y de impunidad que existe, y que ha permitido que la vulneración de los derechos humanos continúe en un país que ya tiene más de 100.000 desaparecidos.
MT / RT