Nada sorprende a estas alturas cuando de corrupción y guisos dentro del chavismo se trata, mucho menos si hablamos de funcionarios públicos y sus prácticas sucias . Esta vez le tocó el turno a Calixto Ortega Ríos, el magistrado exprés del TSJ que ha convertido la Sala Constitucional en una sucursal de extorsiones y chantaje.
Los rumores se han intensificado en los últimos años tras haberse revelado una serie de propiedades (al menos 20) adquiridas por Ortega en la Gran Caracas, es especial un lujoso apartamento comprado nada menos que en el Country Club.
Valorado al menos en 1.5 millones de dólares, la residencia tiene exclusivas áreas de recreación, jardines, piscinas y demás lujos que sólo un boliburgués podría comprar a costa de corrupción y tráfico de influencia.
¿Cómo lo logró? Fácil, Ortega cuenta con una red de abogados mafiosos quien a nombre de su «COMPAPRE» ofrecen amparos seguros para salir de cualquier problema jurídico a cambio de millones de dólares. Se calcula que Calixto ha recibido alrededor de 5.000.000 $ en sobornos durante todo su transitar en instituciones como Banco de Venezuela, General Motors de Venezuela, Banco Exterior, Banco Activo, etc.
Rafael Vidal y Jorge Carroz, los cómplices extorsionadores
Calixto no opera solo, estos dos abogados marabinos se encargan de gestionar las extorsiones a su nombre. Conocidos como ludópatas hípicos, alardean de tener millones de dólares que despilfarran en apuestas y juegos y que luego recuperan con más extorsiones.
Vidal en especial es conocido por múltiples estafas; actualmente está siendo investigado por forjamiento de documentos en la Fiscalía (para lo cual introdujo un amparo) causa que fue mágicamente parada por René Degraves Almarza, (ex asistente de Calixto y hoy magistrado suplente) un voto seguro en la Sala Constitucional dominada por estos mafiosos.
Recordemos que Ortega fue sancionado por el Departamento de Tesoro de gobierno de EEUU en mayo de 2017 junto a otros 7 magistrados por considerar «que estas personas son responsables de haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia, restringiendo los derechos y violando la libre voluntad de los venezolanos».
Con información de LB y @MagistradoCorrupto