La Asociación de Medios de Información (AMI) de España, en representación de 83 miembros, inició una demanda contra Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, por considerar que violó de modo «sistemático y masivo» la ley europea de protección de datos, acusándola de «competencia desleal». El organismo exige un pago de 550 millones de euros (unos 597 millones de dólares).
De acuerdo con la presentación realizada el 1 de diciembre, la compañía californiana ignoró entre el 25 de mayo de 2018 —cuando entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea— y el 31 julio de este año el «requerimiento normativo de que los ciudadanos deben consentir la utilización de sus datos para el perfilado de publicidad».
Según explicaron, Meta realiza una «utilización sistemática y masiva de los datos personales de los usuarios», que pueden ser «rastreados sin su consentimiento en toda su navegación digital». Por lo tanto, la empresa pudo «ofrecer en el mercado la venta de espacios publicitarios a partir de una ventaja competitiva ilegítimamente obtenida».
«El comportamiento de Meta determina que el 100 % de los ingresos del gigante tecnológico derivados de la venta de publicidad segmentada han sido obtenidos de una forma ilegítima», advirtieron.
En este sentido, José Joly, presidente de AMI, expresó que se trata de una acción «sin precedentes» a través de la cual la compañía tecnológica logró construir «su posición de dominio en el mercado de la publicidad despreciando la normativa y generando un perjuicio evidente para los medios de información españoles hasta el punto de poner en riesgo su sostenibilidad». Al respecto, consideró que la continuidad de los medios de información de España está «en jaque».
Para evitar que la situación se agrave, pidió a anunciantes privados y públicos que realicen sus campañas publicitarias en medios «seguros, fiables, y responsables, respetuosos con los derechos de los ciudadanos y que apuesten por fomentar la calidad democrática de España, todo ello en coherencia con sus políticas de responsabilidad social».
Semanas atrás, la Junta Europea de Protección de Datos (JEPD) ordenó al regulador de protección de datos de Irlanda, país en el que Meta tiene su sede europea, que prohibiera «todo tratamiento de datos personales con fines de publicidad basada en el comportamiento».
Esta orden fue notificada a la compañía el 30 de octubre último, por lo que la empresa comenzó a ofrecer a sus usuarios una suscripción a partir de los 9,99 euros mensuales (casi 11 dólares), para evitar que sus datos fuesen rastreados.
En julio pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que los usuarios de redes sociales son «libres de negarse individualmente (…) a dar su consentimiento a determinadas operaciones de tratamiento de datos». Poco antes, en mayo, Meta había recibido una multa de 1.200 millones de euros tras enviar datos de usuarios europeos a EE.UU., incumpliendo así el RGPD.
(MT / RT)