El economista Francisco Rodríguez, aseguró que la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló contra Venezuela y estuvo favor de acreedores del Grupo Pharo por $1,2 millardos.
“Nuevamente, el gobierno interino no envío representación legal ante la corte, por lo cual se emitió un fallo por falta de comparecencia (“default judgment”)”, escribió en Twitter.
Agrega que el procurador del equipo de Juan Guaidó, escribió en abril a esa Corte informando que no había recibido autorización de la Asamblea Nacional para contratar abogados y esperaba la autorización en 60 días.
Sin embargo, no hay constancia de que la Corte haya recibido la comunicación del equipo de Guaidó.
“De acuerdo con la Procuraduría Especial del gobierno interino, se han causado $36 millones de dólares en honorarios legales relacionados con la defensa de activos”, añade el economista.
“Cada día queda más claro que la situación de gobierno dividido, en la cual están separadas la capacidad de generación de ingresos y la representación legal de la República, implica costos significativos que incluyen el riesgo de pérdida de nuestros activos externos”, suma a su declaración.
Esta demanda contra el Estado venezolano la interpusieron «Pharo Gaia Fund y Pharo Macro Fund, compañías de las Islas Caimán y administradas, entre otras, por Pharo Management (empresa de Delaware que opera en Nueva York)», que además «están representadas por el bufete Matthew McGill», que es el encargado de llevar el caso de Crystallex contra Venezuela.
Es la segunda vez que Venezuela pierde dinero por falta de comparecencia ante el tribunal.
De otra parte, en un extenso y documentado trabajo publicado en su sitio personal, el economista refiere que durante el gobierno interino de Guaidó «un aumento significativo en los tiempos de respuesta y la frecuencia de no comparecencia de Venezuela», en comparación con el período 2015-2018.
El caso más relevante es el de ConocoPhillips, cuyo retraso (663 días sin comparecer en el tribunal) es calificado por el experto como «altamente inusual» –tres veces superior al tiempo de respuesta promedio de Venezuela en litigios internacionales– , muy especialmente por el monto que se pretende hacer pagar a la República: 8.506 millones de dólares o, desde otro ángulo, el 10% de su Producto Interno Bruto.
«La ejecución efectiva de esta adjudicación en los Estados Unidos bien podría disipar los activos restantes del país en el extranjero hoy bajo la responsabilidad del gobierno interino», advierte Rodríguez.
A su parecer, la razón formal de esta dilación podría explicarse porque representantes legales del país –tanto de Maduro como de Guaidó– estarían intentando anular la decisión del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) con la que se forzó a Venezuela a cancelar la milmillonaria suma, alegando fallas en el proceso judicial.
Fuente: Entorno Inteligente