El Gobierno francés ha dado un paso más en la legalización de la muerte asistida mediante un dispositivo condicionado a un dictamen médico. Este enfoque se dirige únicamente a enfermos terminales y se diferencia de la eutanasia y el suicidio asistido autorizados en otros países.
La ministra de Trabajo y Sanidad, Catherine Vautrin, subrayó que no se trata de un suicidio, ya que, aunque es la persona quien lo solicita, se requiere un dictamen médico. El proyecto de ley sobre “el fin de la vida” será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional a finales de mayo.
Uno de los pilares del proyecto es reforzar los servicios de cuidados paliativos, que recibirán una dotación adicional de 1.100 millones de euros durante diez años. Esto representa un incremento del 64 %, superando con creces el aumento previsto en el número de beneficiarios, que se calcula pasará de 380.000 personas actualmente a 450.000 en 2034.
Para acogerse a la “ayuda a morir”, se deben cumplir cinco condiciones: Ser mayor de edad y residente en Francia o de nacionalidad francesa; certificar que el paciente tiene una afección grave, mortal a medio plazo (en seis a doce meses); sufrir dolores “insoportables y refractarios al tratamiento”, solicitar una evaluación a un médico, quien consultará con otro facultativo especialista y un enfermero antes de emitir un dictamen sobre la prescripción de la sustancia que provocará la muerte; Si el dictamen médico es negativo, no se podrá solicitar la ayuda para morir.
El procedimiento excluye explícitamente a personas que sufren enfermedades psiquiátricas, y se verifica constantemente que el demandante tenga “capacidad de discernimiento”. El solicitante puede administrarse la sustancia letal, pero también se contempla que un médico, un enfermero o una persona voluntaria realice la inyección en caso de que el solicitante no pueda hacerlo físicamente.