Al menos 2.056 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España, esto según una auditoría privada que fue realizada por un despacho de abogados a solicitud de la institución religiosa, señaló un documento divulgado este jueves y que ha desatado la indignación colectiva en el país ibérico ante la magnitud y la cantidad de casos registrados.
Aun así, esta cifra está muy por debajo de la estimación de un informe de una comisión independiente coordinada por el Defensor del Pueblo (ombudsman), que fue divulgado a finales de octubre de este año, según el cual el número de víctimas podría ser superior a los 200.000 casos de menores de edad que habría sido abusados por miembros de la iglesia, por lo cual la cifra oficial es tomada con mucha cautela.
La cifra de la auditoría -que el despacho entregó a la Conferencia Episcopal (CEE) el fin de semana pasado, casi dos años después de habérsela encargado- está incluida dentro de la actualización de un documento sobre las medidas tomadas por los religiosos frente a los abusos a menores, para evitar que dichos casos sigan siendo un común denominador dentro de la comunidad de sacerdotes católicos.
Sin embargo, la CEE no ha hecho pública todavía en su integridad la auditoría, lo que se ha comprometido a hacer en una fecha futura. “En conclusión, de las denuncias se deducen un mínimo de 2.056 víctimas, aunque es objetivamente evidente que el número es superior”, señaló la CEE en su documento, citando al informe del despacho Cremades & Calvo Sotelo.
La auditoría, que da cuenta de 1.383 denuncias “desde el año 1905 a la actualidad”, pero no cifra el número de religiosos que habrían cometido los abusos sexuales, especifica que el perfil de las víctimas “es mayoritariamente masculino”, que los abusos se cometieron principalmente en “colegios y seminarios” y a manos de sacerdotes o profesores de la iglesia católica.
La CEE encargó la auditoría -la primera investigación sobre el tema que realiza la Iglesia católica española, señalada por años de opacidad por las víctimas- en febrero de 2022, y en principio tenía como plazo un año, pero acabó retrasándose por la misma naturaleza del informe a tratar por el ente investigador de los casos.
El informe de la comisión independiente coordinada por el Defensor del Pueblo recogió una encuesta, la cual lanzó el resultado en la cual un 0,6% de la población adulta española (más de 200.000 personas de un total entonces de 39 millones de ciudadanos) afirmó haber sufrido abusos sexuales por religiosos católicos cuando eran menores.
La cifra aumenta a 1,13% de la población adulta (equivalente a más de 400.000 víctimas) si se cuentan los abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos, católicos o de otras confesiones. El informe de Cremades & Calvo Sotelo recomienda a la CEE “reconocer el daño producido”, tomar “medidas de prevención” para evitar su repetición y brindar a las “víctimas recursos de calidad para la reparación de su daño”.
La CEE afirma que ha instaurado protocolos de actuación ante abusos, oficinas “de protección de menores” y que ya ha reparado a algunas víctimas. España es un país con una arraigada tradición religiosa, donde alrededor del 55% de la población se identifica como católica y donde 1,5 millones de niños estudian en unas 2.500 escuelas católicas.
A diferencia de Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia, hasta los estudios recientes España nunca había llevado a cabo una investigación sobre la pederastia en el clero. Por los cual, durante las últimas décadas, miles de españoles han pedido más celeridad con las investigaciones y castigos hacia los sindicados.
(MT/Semana/AFP)