Álvaro Uribe fue derrotado jurídicamente este miércoles en una larga batalla penal, con una audiencia de más de 12 horas y que fue transmitida en vivo.
El expresidente esperaba que la jueza Carmen Helena Ortiz, de Bogotá, archivara una investigación en su contra que arrancó en 2018, abierta por la Corte Suprema de Justicia, por supuesto soborno a testigos y fraude procesal. Pero ocurrió lo contrario: la jueza ratificó que esa investigación debe continuar contra el expresidente.
Este es el caso judicial más importante actualmente del país y la decisión de esta jueza tiene consecuencias jurídicas y políticas para el expresidente más poderoso del país.
La solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de la Nación en marzo de 2021, apelando a ausencia de delito en las conductas de las que se acusa al exmandatario.
«Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal», dijo la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá durante la audiencia.
Y agregó que «el despacho rechaza la petición de preclusión de investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal».
Esa decisión podrá ser apelada por la defensa de Uribe ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tomaría la decisión final.
Esto en medio de un proceso que se ha dilatado por años y justo antes de las siguientes elecciones presidenciales en las que la derecha, a la que pertenece Uribe, se juega su permanencia en el poder.
El proceso en contra de Álvaro Uribe ha sido sorpresivo, no solo porque se trata del expresidente más popular en la historia reciente de Colombia (senador y presidente por dos periodos entre 2002 y 2010), sino podría ser un juez, y no una alta corte, quien determine si Uribe es inocente o culpable, a pesar de que la misma Fiscalía esperaba no llegar a esa instancia.
El caso, que empezó en la Corte Suprema de Justicia, pasó a la Fiscalía en 2020 cuando Uribe, después de haber sido detenido en prisión domiciliaria, renunció a su escaño como senador, perdió su condición de aforado y recuperó su libertad.
El expresidente, por su parte, ha dicho que se enfrenta a una persecución política y que renunció porque no contaba con garantías en la Corte.
El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá.
MT/BBC