El Departamento de Justicia de Estados Unidos invoca una ley de 200 años de antigüedad para detener a miles de migrantes hasta por seis meses o más con el objetivo de que declaren en casos contra traficantes de personas.
Casi 104.000 migrantes han sido encarcelados desde 2003 en calidad de testigos materiales en procesos penales federales, según una investigación realizada por The New York Times.
La ley que permite la detención de testigos en casos penales se remonta a la presidencia de George Washington. Sin embargo, la cifra anual de detenidos aumentó por primera vez durante el gobierno de George W. Bush y alcanzó un máximo de más de 8.500 en la presidencia de Donald Trump. Luego, descendió con el inicio de la pandemia y repuntó el año pasado en la administración de Joe Biden, con casi 5.000 personas encarceladas, según muestran los datos del Servicio de Alguaciles de EE UU.
Las detenciones en los cuatro primeros meses de 2023 aumentaron 30% en comparación con el año pasado.
A pesar del número elevado y de que las detenciones a veces son prolongadas —casi 850 personas detenidas a lo largo de la frontera en la última década han estado confinadas 180 días o más—, los testigos desempeñan un papel clave, aunque invisible, en los procesos judiciales por tráfico de migrantes.
Aunque las detenciones prolongadas de testigos materiales les priva del debido proceso, Kenneth Magidson, fiscal federal del Distrito Sur de Texas durante el gobierno de Barack Obama, dijo que las personas que “entran de forma ilegal al país tienen que hacer frente a ciertas consecuencias, y esta es una de ellas”.
“Podrías ser un testigo material, y puedes ser deportado, o puedes ir a la cárcel”, manifestó.
En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que los detenidos “brindan testimonio indispensable y son retenidos solo el tiempo necesario para garantizar una resolución justa de estos casos”.
En la última década, las ciudades fronterizas del sureste de Texas han retenido a más testigos —y, en promedio, los han retenido más tiempo— que cualquier otro lugar del país, según muestran los datos del Servicio de Alguaciles.
En esa región, que forma parte del Distrito Federal Sur de Texas, la ley de testigos materiales se ha aplicado de forma irregular, a menudo con poca consideración hacia el debido proceso, de acuerdo con un análisis de las detenciones realizado por el Times.
En algunas partes del distrito, que se extiende de Laredo a Houston, los jueces federales han hecho caso omiso de una parte de la ley que requiere que se programe con rapidez la declaración de los testigos, a menudo mediante grabaciones de video, y que se les libere rápidamente.
En muchos casos, los abogados de oficio han animado a los detenidos a renunciar a las audiencias en las que podrían solicitar su liberación, y los jueces los han retenido regularmente mucho más allá de los límites de 30 y 45 días establecidos en otros tribunales federales a lo largo de la frontera.
En Laredo, eso significa quedarse en la cárcel un promedio de 13 semanas.
Los testigos a menudo son encarcelados y no llegan a rendir testimonio en ningún momento. De los más de 30.000 casos de tráfico de personas de la última década, alrededor de 1% llegaron a juicio, porque la gran mayoría de los acusados se declararon culpables, según datos de los tribunales federales.
Y como los acusados con cierta frecuencia son ciudadanos estadounidenses, a menudo quedan en libertad bajo fianza u otras condiciones establecidas por el tribunal, aunque los testigos permanezcan detenidos.
A pesar de que no se les presentan cargos, los testigos no reciben un trato distinto al de los delincuentes. Llevan el mismo uniforme y cuando están en tránsito deben ir esposados de manos y tobillos, dijo Anthony Zertuche, el sheriff que supervisa el Centro de Detención Regional del condado de LaSalle, donde está detenida la gran mayoría de los testigos materiales de Laredo.
(MT/El Nacional)