Miles de personas intentan cruzar la frontera de manera irregular cada año, con los números aumentando drásticamente en los últimos meses, muchos de ellos ponen sus vidas y las de sus propios hijos en manos de traficantes humanos, de contrabandistas, narcotraficantes o coyotes, alimentando una industria multimillonaria.
Ante la realidad que resulta en muchos casos en trágicas historias, organizaciones opositoras de Nicaragua señalaron al gobierno que preside Daniel Ortega de facilitar y “hacer negocios” con la migración irregular que llega al país centroamericano en su travesía hacia Estados Unidos.
Ocho organizaciones que integran la denominada Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) realizaron la denuncia a través de una declaración titulada “La dictadura en Nicaragua hace negocios con los migrantes extranjeros”.
En el documento alertaron sobre “los negocios y el tráfico humano que realiza el régimen con los migrantes extranjeros y con las políticas de expulsión con los nacionales”.
Acusan a la administración del país centroamericano a promover la movilización de personas que terminan en manos de redes que se lucran de flagelos como el tráfico sexual, esclavitud doméstica y laboral.
Afirman que desde que Nicaragua anunció en noviembre de 2021 que los cubanos no requieren visado de entrada, se ha disparado el interés entre muchos habitantes de la isla por el país centroamericano como el punto de partida para migrar a EEUU.
Los organismos denunciaron que Ortega ha convertido la migración forzada de miles de nicaragüenses en un mecanismo para captar divisas y así “mantener la estabilidad macroeconómica de su régimen”, por medio de “las remesas familiares, mostrando un total desprecio por la vida humana y la estabilidad de las familias nicaragüenses”.
Las cifras
De acuerdo al estudio “Crecimiento sin desarrollo”, del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), los migrantes nicaragüenses, que representan un 10% de la población de Nicaragua, están sosteniendo el 20% de la economía del país centroamericano.
De esa forma, Nicaragua captó un nuevo récord de 3.224,9 millones de dólares en remesas en 2022, un 50,2% más que un año antes. Esto representó un 20,6 % del producto interno bruto (PIB), según datos del Banco Central nicaragüense; y proyecta superar los 4.000 millones de dólares.
Por otra parte, el informe anual sobre trata de personas del gobierno de EEUU que contempla 188 países y territorios señaló a Nicaragua entre los gobiernos que no realizan «esfuerzos significativos» para detener ese flagelo.
Unas 115.324 personas habrían sido víctimas de trata de personas en 2022, según estimados del Departamento de Estado de Estados Unidos en el reporte presentado en junio de 2023.
El reporte de 95 páginas también incluye mapas que ubican a la gran mayoría de países del mundo en niveles de acuerdo a su cumplimiento o no de los estatutos de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (TVPA), aprobada en EEUU en 2000 como la legislación rectora en el tema.
El nivel 1 es la clasificación más alta, que indica que un gobierno ha hecho esfuerzos para abordar el problema y cumple con los estándares mínimos de la TVPA. Le siguen en el nivel 2 y su lista de observación las naciones que no cumplen completamente con los estándares mínimos de la ley, pero trabajan para adoptar sus principios.
El nivel 3, el más bajo, incluye a una serie de gobiernos que ni cumplen los requisitos mínimos bajo la TVPA ni hacen «esfuerzos significativos» para lograrlo, de acuerdo con la supervisión del Departamento de Estado de EEUU, en este se ubica a Nicaragua, sumado a Cuba, Venezuela y Curazao.
Los más vulnerables
Los traficantes buscan particularmente a mujeres y menores de edad con finalidad de explotación sexual, aprovechando las necesidades económicas, un fenómeno que se da no solo con los nacionales, sino también con los migrantes de paso por Nicaragua, advierte el informe.
Los delincuentes ofrecen empleos bien pagados en países de Centroamérica, México, España y Estados Unidos, en hoteles, restaurantes, servicio doméstico, construcción y seguridad.
Fuente: El Nacional / Voz de América