México superó este lunes las 100.000 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas desaparecidas o no localizadas, ante lo que las ONG reaccionaron urgiendo al Gobierno a atajar esta lacra que consideraron que va mucho más de la cifra oficial.
“Exigimos al Estado mexicano que atienda con urgencia, contundencia e integridad la grave crisis de desapariciones e identificación humana que vivimos en México, que debe ser comprendida como parte de una terrible crisis de violencia e inseguridad”, consideró en un comunicado la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
La organización también exigió al Estado mexicano que “presente y ponga en marcha” una política pública de búsqueda de personas con vida, además de identificación, que implique medidas concretas resultado de trabajo colaborativo entre los gobiernos estatales y el Gobierno de México.
Destacaron la necesidad de “sistematización, concentración, y administración de bases de datos e información que se encuentra en diferentes espacios forenses y de investigación, que posibilite la localización y/o identificación de personas”. Resaltaron que aunque la cifra oficial es alarmante, los casos son muchos más.
“Además de la gravedad de esta cifra, colectivos de búsqueda denunciamos que esa cifra es poco precisa pues, con base en nuestra experiencia hay una importante y diversa cantidad de casos no considerados dentro del registro”, consideraron.
El comité hizo un análisis de la situación en México, donde hasta ese momento existía un registro oficial que contabilizaba a 98.877 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964. Precisaron que de finales de noviembre de 2021 hasta mediados de abril desaparecieron 3.804 personas, “un promedio de 28 personas diarias”.
En el documento, entre otras cosas, el comité aseguró que, aunque el crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en el país, el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad.
EFE