Colombia se rajó durante 2021 en protección de derechos humanos. Así lo dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un documento de 229 páginas que recopila las violaciones más graves contra los ciudadanos de los países miembros del sistema regional.
La Comisión concluyó que en Colombia hay una “persistencia estructural de violencia”, que afecta a campesinos, mujeres, menores de edad, líderes sociales y defensores. El 2021 tuvo un condimento especial: el paro nacional y sus jornadas de descontento social.
En cuanto a la protesta social, la Comisión reconoció que las jornadas estuvieron fundadas en reivindicaciones históricas de la sociedad colombiana y que la respuesta excesiva de la fuerza fue el pan de cada día. “La Comisión también recibió información extremadamente preocupante sobre la posible actuación de personas armadas vestidas de civil”, dijeron.
El Esmad quedó mal parado en la evaluación, pues se le atribuye haber irrumpido en las protestas mediante agresiones físicas, sexuales y verbales. Además, quedaron reseñados como una fuerza de respuesta que, en ocasiones, disparó directamente contra la cabeza y el tórax de manifestantes.
Cuando la CIDH contrastó las cifras aportadas por Colombia con las cifras entregadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, envió un llamado de atención a las autoridades nacionales. “La CIDH reitera su preocupación sobre las diferencias en las cifras de víctimas registradas por el Estado y las situaciones documentadas por la sociedad civil”, explicaron.
“Por otra parte, la Comisión observa con especial preocupación la persistencia de altas tasas de violencia basada en género. De acuerdo con la información de la Fiscalía, entre enero y septiembre de 2021 se registraron 1.074 denuncias por feminicidio, correspondientes a 555 denuncias sobre hechos consumados, y 519 tentativas de feminicidios”, observaron.
Colombia, bajo la óptica de la CIDH y su evaluación integral, fue durante 2021 un país violento, sin garantías judiciales y que respondió con fuerza excesiva a los reclamos ciudadanos.
MT | El Espectador